¿Qué está pasando con la importación de gas en el país?
Colombia importa una cantidad menor de gas. Por ejemplo, en 2025 importó el 17 % de lo que consumió, pero se proyecta que comience a importar más (alrededor de 25 %) debido a que las reservas están muy cortas.
El borrador del jugoso contrato para Cano Caicedo SAS
Mientras el país debate el futuro político y energético, una serie de documentos filtrados y registros empresariales apunta a una aparente trama de contratos y negociaciones que conectaBA directamente al círculo de poder del Presidente Gustavo Petro con el régimen de Nicolás Maduro, ahora capturado y rindiendo cuentas ante la justicia estadounidense.
La importación de gas desde Venezuela a través del gasoducto Antonio Ricaurte, infraestructura olvidada durante años y ahora resucitada en medio de una “crisis energética local”.
El plan de la pareja Roa-Caicedo
Una reciente alerta de la Contraloría General de la República advierte que Colombia se encuentra al borde de una crisis energética estructural.
Según el informe de reservas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el país está reponiendo apenas una fracción mínima del gas y petróleo que consume: por cada 100 barriles de crudo extraídos, solo se descubre uno nuevo, y en gas, por cada 10 moléculas extraídas, solo se incorpora una.
Las reservas probadas de gas natural cayeron un 13 %, reduciendo el horizonte de autosuficiencia a menos de seis años (ahora cinco).
Este deterioro progresivo, agravado por la falta de nuevos descubrimientos y la dependencia de reevaluaciones sobre campos ya conocidos, pone en entredicho la viabilidad de la política energética actual; de no tomarse medidas urgentes, Colombia enfrentará próximamente un déficit crítico de gas que podría forzar importaciones permanentes y vulnerar aún más su soberanía energética.
Este es el contexto que iba a facilitar la ejecución de un plan, aparentemente promovido desde altos niveles del Gobierno Colombiano, en particular por el Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, exgerente de campaña de Petro, y su pareja, Julián Caicedo Cano, quien lidera la empresa Cano Caicedo SAS.
Se trata de una empresa registrada originalmente en el Huila y, aparentemente, vinculada desde hace años con PDVSA, la estatal venezolana de petróleo y gas, del actual régimen venezolano.
Desde al menos 2020, Julián Caicedo Cano, pareja de Ricardo Roa, actual Presidente de Ecopetrol, habría sido contratista regular de PDVSA. Uno de los primeros borradores de contratos (procedimiento A-044-20-0004) autorizaba a esta empresa a realizar fiscalización de crudo y gas, incluyendo análisis técnicos de muestras (gravedad API, contenido de azufre, % de agua y sedimentos) y su transporte a laboratorios especializados.
Estas operaciones se llevarían a cabo desde su sede en Maracaibo, bajo la vigilancia del Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos.
Lo que se venía gestando desde 2024
El verdadero salto ocurrió en 2024, cuando Ana Quijada, funcionaria de la División Oriente de PDVSA, aprobó un nuevo borrador de contrato (procedimiento A-163-24-02690986) para el “manejo del gas”.
Este acuerdo incluía el desalojo de líquidos en la estación Slug Catcher San Joaquín, en Anaco, punto de salida del gas hacia Colombia. La firma de este contrato fue confirmada por correo a Julián Caicedo Cano el 17 de septiembre de 2024, usando su cuenta corporativa de Ecopetrol.
¿Qué es una planta Slug Catcher?
Un slug catcher es una especie de “filtro gigante” instalado al inicio de los gasoductos que sirve para atrapar y separar los líquidos (como agua o petróleo) que vienen mezclados con el gas natural cuando este sale del subsuelo. Sin este sistema, esos líquidos podrían dañar los equipos o hacer que el gasoducto funcione mal. Es una estructura clave para evitar accidentes y garantizar que el gas llegue limpio y estable a su destino.
La estrategia del desabastecimiento: el rol oculto de Canacol
En Colombia, la crisis energética del Caribe, agravada por informes falsos de reservas presentados por la empresa Canadiense Canacol Energy y los retrasos en las consultas indígenas necesarias para construir un nuevo gasoducto interno, abrió la puerta a la importación masiva de gas venezolano a partir de 2026.
La estrategia fue impulsada directamente desde la presidencia de Ecopetrol, bajo el mando de Ricardo Roa, respaldado en varias ocasiones por la junta directiva.
Actualmente, Canacol está en proceso judicial por la presunta estafa a más de 60 contratistas de la misma por falta de pagos a proveedores, y las 116 consultas previas que deben realizarse en el caribe a poblaciones indígenas para la construcción de un gasoducto desde el mar hasta Colombia.
La empresa fantasma
La relación entre Roa y Cano Caicedo no es solo personal. En el leak de los documentos del borrador prepararon matricular una empresa colombiana en Venezuela. La empresa utilizada seria “Caicedo Cano Ingeniería Col SAS“, de acuerdo al Registro Único Empresarial (RUES), la matricula sigue vigente y fue representada por Laura Daniela Caicedo Burgos y Edgar Eliecer Caicedo Cano, familiares de Julián. Su nombre pasaría a ser Cano Caicedo SAS una vez quedara registrada en Caracas.
En el borrador aparece que fueron enviados documentos de inscripción en la Cámara de Comercio de Caracas en 2021. Según los documentos, se habrían intentado realizar cambios internos para que figure Caicedo Cano como accionista principal y Roa como suplente en la junta directiva.
Como accionistas están Tatiana Vargas Gómez y Héctor Obregón, Presidente de PDVSA, como representante estatal estará Carlos Eduardo Canelón Moran, designado como Viceministro de Refinación y Petroquímica de Venezuela en septiembre de 2024.
En los registros del RUES de Caicedo Cano Ingeniería Col SAS, figura inicialmente matriculada en 2018 en Neiva, Huila, y su último año de renovación fue en 2019. La empresa fue registrada con $5’000.000 millones de pesos, es decir, $1200 dólares aproximadamente, para prestar servicios de construcción de obras de ingeniería civil, servicio público, edificios y transporte.
Posteriormente, la Cámara de Comercio notificó que la empresa había entrado en proceso de liquidación y que los documentos serían migrados. Sin embargo, no se especificó a qué jurisdicción fueron trasladados ni bajo qué nueva razón social opera.
Lo que resulta aún más preocupante es que, pese a estar en liquidación, su matrícula mercantil continúa activa, lo que le permite suscribir contratos con el Estado y operar como si estuviera en plena vigencia. Una irregularidad administrativa que parece diseñada para facilitar su uso como vehículo empresarial en operaciones internacionales.
Las perlas de la pareja Roa-Caicedo
Ricardo Roa y Julián Caicedo son dos personajes bastante cuestionados. En estos cuatro años, la pareja ha cargado con investigaciones e indagaciones ante los entes de control.
Para empezar, Caicedo Cano fue llamado a juicio por la Procuraduría por supuestas irregularidades en la contratación pública. El ente de control, basándose en un informe de La Silla Vacía, señaló a Caicedo Cano de haber sido funcionario público y contratista al mismo tiempo, cosa que es ilegal. El proceso prescribe en 2027.
Caicedo también aparece en la polémica compra de un apartamento con su pareja, el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa a través de una empresa creada 34 días antes con un capital de 10 millones de pesos.
El apartamento fue comprado por Ricardo Roa a Princeton International, empresa ubicada en un paraíso fiscal. Como socios aparecen Caicedo Cano y el coronel Juan Guillermo Mancera, quien se iba a quedar con contratos de Ecopetrol durante la Presidencia de Roa.
Una empresa controlada por Mancera, pagó 1.400 millones por el apartamento y alguien consignó 300 millones en efectivo dos días después de la posesión de Roa en Ecopetrol.
Red de junta Directiva de Cano Caicedo S.A.S.
Julián Caicedo Cano no solo habría tenido vínculos con el Gobierno Venezolano. En la junta directiva de “Cano Caicedo SAS” figuran personajes como Julio García Zerpa, Ministro de Servicios Penitenciarios en Venezuela durante la dictadura de Maduro, y señalado por su cercanía al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y al grupo criminal Tren de Aragua.
También aparece Tatiana Vargas Gómez, hija de un importante financiador de Colombia Humana, y el propio Ricardo Roa. Las conexiones políticas, empresariales y familiares muestran una estructura diseñada para, aparentemente, operar al margen de controles institucionales y facilitar la circulación de contratos, licencias y recursos.
¿Por qué lo hacen por medio de una empresa privada? La red empresarial para esquivar a Estados Unidos
Al consultar con fuentes oficiales que pertenecieron al Ministerio de Minas y Energía de Colombia en los anteriores gobiernos, explicaron que “la estrategia de importar gas desde Venezuela hacia Colombia durante la dictadura de Maduro no podía hacerse directamente entre ambos gobiernos porque PDVSA, la petrolera estatal venezolana, está sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos“.
Esto significa que cualquier trato directo entre PDVSA y entidades oficiales colombianas podía violar regulaciones internacionales y exponer a Colombia a sanciones económicas.
Para esquivar este obstáculo, el negocio debía canalizarse a través de una empresa privada colombiana con sede en Venezuela, la cual sirviera como intermediaria. De esa forma, el Gobierno Colombiano se mantenía formalmente al margen del trato directo con una entidad sancionada, mientras la operación comercial se maquilla como una transacción privada entre compañías.
Trump captura a Maduro y cambia las reglas de juego
El 3 de enero de 2026, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos capturaron en Caracas a Nicolás Maduro por delitos relacionados con el narcotráfico para ser llevado a Nueva York, donde deberá responder ante la justicia. Esto cambió las reglas de juego.
Tras la captura, la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez tomó juramento como presidenta encargada. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tomarán el control sobre Venezuela y su petróleo.
Luego de recuperar la infraestructura petrolera que, dicen los norteamericanos, les pertenece, exportarán entre 30 y 50 millones de barriles de crudo. Para hacerlo, Trump tendrá que levantar las sanciones contra PDVSA, dueña del petróleo que extrae, refina y exporta el petróleo venezolano.
Es decir, se abre el camino para que Colombia legalmente sí pueda importar gas desde Venezuela, pero difícilmente lo logrará bajo un eventual dominio norteamericano absoluto sobre ese país.
Árbol de influencia institucional de Ricardo Roa, Julián Caicedo y Jorge Carrillo
La primera advertencia de la “falsa crisis del gas” en Colombia
Durante la primera semana de la VII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, realizada en Cartagena en 2024, el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia Sepúlveda, lanzó una poderosa advertencia que podría sacudir los cimientos del mercado: “¡hay quienes están acaparando contratos de gas!”. Esta peligrosa maniobra no solo pone en jaque a la competencia, sino que amenaza la disponibilidad de este recurso vital para sectores esenciales.
¿Estamos ante una crisis inminente que podría dejar a miles sin acceso a la energía que necesitan para sobrevivir?
Un informe de Control Risks advirtió a Ecopetrol sobre el riesgo que representaba la pareja de Roa para el presidente de la empresa, dado que, como reveló La Silla Vacía, había tenido contratos simultáneos con varias entidades estatales en Colombia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fue consultada varias veces por Colombia para autorizar negocios con PDVSA antes de la captura de Maduro. Nunca hubo respuesta afirmativa.
Como dato importante, Tatiana Vargas Gómez es, además, hija de Santiago Vargas Ramos, financiador de la campaña Petro Presidente y socia de Ricardo Roa y su pareja Julián Cano Caicedo en la empresa WindSun Energy matriculada en la Florida. Sin embargo, Vargas Ramos negó públicamente estos vínculos.
La crisis del gas
En el marco del cronograma de comercialización de gas natural para 2024, las negociaciones directas de largo plazo comenzaron el 29 de agosto, y los contratos derivados de estas, debieron registrarse ante el Gestor del Mercado antes del 18 de octubre. Sin embargo, el Gestor del Mercado informó que durante el periodo fijado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) —conforme al artículo 22 de la resolución 186 de 2020; no se registraron contratos de largo plazo para los principales campos de gas.
El Ministerio de Minas y Energía abrió una investigación contra Canacol Energy y otras compañías por presuntas irregularidades en la declaración de gas al mercado. Según reportó La República, la empresa canadiense habría informado un valor superior en sus reportes iniciales en comparación con lo consignado en los contratos definitivos.
Javier Campillo, Exviceministro de Minas y Energía de Colombia, declaró a Valora Analitik que estaban revisando a Canacol Energy y otras empresas, enfatizando que en Colombia los productores de gas son responsables de reportar sus capacidades ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Según el Exviceministro, esto implica que las necesidades de contratos de suministro en firme para 2025 se estimaron en unos 120 Gbtud y en 350 Gbtud para 2026, lo que representa un déficit del 12 % y 30% de la demanda proyectada para esos años, respectivamente.
Campillo señaló que Canacol Energy reportó un volumen de entrega superior en su declaración de producción al que luego estableció en sus contratos, generando un desbalance en el sistema al contar con gas que finalmente no se suministró.
Por su parte, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, afirmó recientemente que la demanda nacional de gas creó grandes expectativas en 2023, cuando Canacol proyectó una capacidad de producción de 231 Gbtud para 2025 y 2026.
No obstante, en 2024, la empresa ajustó su proyección a 158 Gbtud, lo que representa una reducción de 73 Gbtud. Roa subrayó que recuperar estos volúmenes de producción es crucial para equilibrar las necesidades de gas a nivel nacional.
La demanda contra Canacol: mentiras, contratos y millones de dólares en juego
El Ministerio de Minas y Energía inició una investigación contra Canacol Energy y otras compañías del sector por, presuntamente, presentar reportes inexactos al mercado. Según las autoridades, estas empresas habrían declarado una cantidad de gas superior a la realmente disponible en sus pozos, lo cual afecta la planificación de reservas.
Javier Campillo, Exviceministro de Minas y Energía, explicó a Valora Analitik que habían revisado estos reportes, ya que las empresas son responsables de declarar sus reservas ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y la información proporcionada es crucial para conocer las reservas actuales de gas.
Campillo también señaló que Canacol Energy reportó inicialmente un volumen superior al que finalmente se formalizó en contratos, afectando así el sistema y los cálculos del Gobierno Colombiano. La empresa, por su parte, anunció que este año revisó su programa de capital, destinando 138 millones de dólares a la perforación de 11 pozos, de los cuales cinco son de exploración y seis de desarrollo y evaluación.
Paralelamente, Caracol Radio informó que la Fiscalía abrió una investigación contra directivos de Canacol Energy y de Petropolar Sucursal Colombia por presunta estafa, una operación que afecta a unas 60 empresas colombianas y que suma un valor estimado de 60 mil millones de pesos.
La indagación, liderada por la Unidad de Fe Pública y Orden Económico, apunta a las actividades de Andrés Valenzuela Pachón, representante legal de Canacol Energy, y Paola Osma Pinzón, administradora del contrato, así como de los representantes legales de Petropolar, Dimtrii Korchagin y Anton Yakovlev.
En 2022, Canacol Energy firmó un contrato con Petropolar para la exploración y operación de 12 pozos de gas en Sucre, Córdoba y Magdalena, con un valor pactado de 57.5 millones de dólares. Sin embargo, se alega que Petropolar subcontrató a cerca de 60 empresas colombianas y posteriormente incumplió los pagos a estos proveedores.
La abogada Constanza González denunció la situación ante la Fiscalía, señalando que se utilizó a Petropolar como una “empresa fantasma” que dejó deudas a las compañías subcontratadas y a sus empleados, afectando incluso sus obligaciones fiscales con la DIAN.
Entre las pruebas documentadas en las actas de finalización de operaciones, se incluyen las actividades en pozos como “Dividivi-1” en Magdalena, finalizadas el 8 de enero de 2023, y “Saxofón-1” en Córdoba, concluidas el 28 de enero de 2023, en las cuales constan las labores de perforación, completamiento y producción. Asimismo, el pozo “Clarinete-8” en Sucre finalizó operaciones el 30 de junio de 2023.
Todas las actas fueron firmadas por Canacol Energy y Petropolar, pero con quejas de incumplimientos en los pagos a los contratistas y empleados, exacerbando la situación financiera de las empresas colombianas afectadas.
Pese a la magnitud del negocio energético entre Colombia y Venezuela, y a la red de contratistas involucrados -entre ellos empresas como Cano Caicedo SAS, con vínculos con PDVSA, Ecopetrol y compañías del sector de hidrocarburos-, el proceso de contratación y negociación se mantiene fuera del escrutinio público.
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Mientras tanto, la empresa adelanta un proceso de reorganización desde el exterior. En Colombia, la Superintendencia de Sociedades decretó medidas para proteger los activos de Canacol.
Los poderosos seguirán teniendo control sobre la soberanía energética de Colombia
Mientras se resuelve la situación del gas para Colombia, este episodio muestra que, una vez más, el negocio del gas pudo quedar en manos de quienes cuentan con conexiones políticas importantes. Pudo haber un cambio, sí, pero del dueño del negocio del gas.
Preguntas frecuentes sobre el Pacto
¿Cuál es la relación entre Petro y Maduro?
Desde el inicio del Gobierno de Gustavo Petro, las relaciones con el régimen de Maduro se estrecharon. Se reunieron cuatro veces en encuentros bilaterales con el propósito de cooperar económica y socialmente, pero también para que Venezuela fuera país garante en las negociaciones con el ELN.
¿Colombia seguirá siendo soberano energéticamente?
Sí, pero solamente alcanza para 5,9 años de reservas de gas y 7,2 años para petróleo. Lo sano es que las reservas de los países estén por encima de los 8 años.
¿Nos vamos a quedar sin gas en Colombia?
Depende. Si el país encuentra más yacimientos de gas antes de los próximos años, no tendrá la necesidad de buscar otras alternativas de energía.
